Gobierno anula proyecto de ley para rastrear comunicaciones en línea sin orden judicial

Redacción CBNnoticias   Febrero 11,2013

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El ministro de Justicia de Canadá, Rob Nicholson. Foto Ministerio de Justicia

Ottawa (CBNnoticias) – El gobierno canadiense anunció hoy que no continuará adelante con el proyecto de ley sobre vigilancia personal en internet e interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial –Bill C-30, debido a la fuerte oposición mostrada por la ciudadanía con respecto a esta iniciativa.

El anuncio fue hecho en Ottawa por el Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá, Rob Nicholson.

Este proyecto de ley, también conocido como Ley para Proteger a los Niños de los Depredadores en Internet, fue diseñado para ayudar a la policía en la lucha contra la pornografía infantil.

Este acto legislativo establecía que las compañías proveedoras de servicios de Internet en Canadá deberían  permitir a la policía interceptar y rastrear las comunicaciones en línea sin una orden judicial.

Sin embargo, asociaciones de libertades civiles y grupos defensores de la privacidad personal, así como el comisionado federal de privacidad se mostraron en contra de esta propuesta al considerarla que violaba los derechos de los canadienses.

“No vamos a proceder con la Ley C-30 y cualquier intento para seguir buscando la modernización del Código Penal no incluirá las medidas contempladas en esta iniciativa, incluyendo la divulgación obligatoria de información de un suscriptor o el requerimiento a las compañías de telecomunicaciones para permitir que la policía realice interceptaciones dentro de sus sistemas “, dijo Nicholson

OpenMedia fue una de las organizaciones que mayor oposición hizo a esta propuesta legislativa del gobierno federal.

El ministro Nicholson hizo el anuncio al presentar un proyecto de ley para actualizar las disposiciones que permitan la interceptación telefónica sin orden judicial en casos de emergencia.

Esta ley permite que la policía pueda interceptar llamadas telefónicas sin la autorización de un tribunal cuando hay inminente riesgo de peligro, como un secuestro o amenaza de bomba.

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